Existe un alto riesgo de que la crisis global cause un nuevo retraso en la lucha contra la pobreza
El panorama de la cooperación internacional -y especialmente su objetivo más simbólico, la reducción de la pobreza- está marcado por un rasgo básico contradictorio que mantiene el statu quo y solo permite avances lentos y limitados. Esta contradicción fundamental es el escandaloso abismo entre la inmensa capacidad material existente (técnica, financiera, logística) para abordar el problema y la muy escasa voluntad política de los grandes decisores para resolverlo. En la práctica, seguimos con más de lo mismo y con poco o nada de lo necesario. Aquí, al contrario de la reflexión gramsciana, el optimismo procede del conocimiento, existen los medios y se sabe cómo hacerlo, mientras el gran déficit de voluntad decisoria inclina al pesimismo.
Desde una actitud escéptica, o simplemente cínica, podría argumentarse que después de más de medio siglo de cooperación para el desarrollo lo único que ha cambiado es el lenguaje y el horizonte de las metas, que ha ido introduciendo modificaciones semánticas en las propuestas y posponiendo temporalmente las fechas de los compromisos. ¿Se acuerdan ustedes de los objetivos de educación y salud para todos en el año 2000? ¿O de la promesa de destinar el 0,7% del PNB de los países desarrollados a la ayuda internacional? Aunque los ejemplos de promesas incumplidas abundan, por primera vez existe información, conocimiento y capacidad de movilización a escala global para poder aspirar con fundamento a que se produzcan los cambios necesarios congruentes con la magnitud del problema y que por fin la pobreza sea de verdad un asunto del pasado en el curso de esta generación.
Además de seguir llamando la atención con campañas de sensibilización, hace falta construir y poner en práctica instrumentos de vigilancia social multinivel, a escala local, nacional e internacional, para influir en la toma de decisiones y cambiar a los responsables políticos que no cumplan. Es decir, hay que introducir en la nueva arquitectura de la cooperación internacional y de la gobernanza democrática de calidad, instituciones y mecanismos públicos de seguimiento y rendición de cuentas, que permitan un escrutinio continuo y una amplia participación ciudadana (no solo en las citas electorales), tanto en los países donantes como en los países receptores, para forjar coaliciones y espacios de concertación internacional.
La cooperación internacional dispone de una agenda y unas metas específicas para el año 2015, plasmada en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Se trata, desde luego, de una agenda de mínimos, pero al ritmo actual de avance ni siquiera esas metas modestas y asequibles hay garantía de que se puedan cumplir en un grupo numeroso de países y una parte significativa de la población mundial.
Hasta ahora los resultados son ambivalentes. Mientras se avanza en lo que podría denominarse las metas blandas (escolarización básica, mortalidad infantil, agua y saneamiento), importantes sin duda, pero con pequeña incidencia en la modificación del statu quo, el camino hacia el núcleo "duro" permanece lejano y lleno de obstáculos: la situación de la pobreza, el hambre, el sida, el acceso a un trabajo digno, continúa prácticamente estancada. La incidencia relativa de la pobreza y el hambre se está reduciendo ligeramente en algunas regiones, en especial en el Sureste Asiático por el peso del auge económico de China e India, pero en conjunto el número de pobres y hambrientos sigue aumentando, en parte por el todavía alto crecimiento de la población en muchos países en desarrollo. Hay que tener en cuenta que, a pesar del descenso en el ritmo de crecimiento de la población mundial, en los próximos cinco años hasta 2015 se añadirán alrededor de 400 millones de personas más al planeta, en su gran mayoría en los países más pobres.
El epicentro del problema sigue siendo África, donde incluso se están produciendo graves retrocesos. En América Latina, la región más desigual del mundo, los avances relativos de los indicadores nacionales en algunos países emergentes como Brasil y Chile, encubren todavía disparidades considerables entre los distintos grupos sociales, según el nivel de ingresos. En realidad, para ser congruentes, el avance hacia las metas se debería medir en relación con la posición de los grupos de población más rezagados y no con un promedio estadístico que representa un país virtual inexistente.
La Conferencia y Declaración de París (marzo 2005) sobre Armonización y Eficacia de la Ayuda trazaron un nuevo curso, con nuevas orientaciones y procedimientos a la búsqueda de una mayor eficacia. No obstante, cualquiera que sea el efecto de estas reformas, el posible impacto global de la ayuda al desarrollo es muy limitado, si se compara con otras magnitudes relacionadas con un mayor acceso, a ser posible de modo simultáneo, a los mercados internacionales de mercancías, capital y trabajo, por parte de los países pobres.
Este es el verdadero test de las reformas de la cooperación internacional, tal como se establece, aunque sea vagamente, en el último y más importante de los ODM. Mientras tanto, la Ronda Doha sobre nuevas regulaciones comerciales internacionales sigue en el limbo, el G-20 parece tener otras urgencias y existe un alto riesgo de que la crisis global se cobre una gran víctima simbólica, causando un nuevo retraso en la lucha contra la pobreza.
Tomás Jiménez Araya es profesor consultor de Derechos Humanos y Democracia en la Universidad Abierta de Cataluña.
Con motivo del 30 aniversario del Servicio Jesuita a Refugiados (JRS), Entreculturas ha publicado el informe "Educación en tiempo de espera. Un derecho vulnerado para millones de personas refugiadas y desplazadas", que pone de manifiesto la vulneración del derecho a la educación de este colectivo. El informe se centra en los casos de Colombia y Sur Sudán, los dos países con el mayor número de población desplazada del mundo, y además se recogen las cifras de desplazados internos y refugiados en el mundo.
En Sur Sudán, en aquellas poblaciones en las que está presente el Servicio Jesuita a Refugiados, las niñas permanecen durante más tiempo en la escuela
Una de las principales causas de desplazamiento interno en Colombia es la vinculación y reclutamiento a grupos armados
El número de personas refugiadas y desplazadas en el mundo a causa de conflictos y persecuciones es de 43,3 millones, según cifras del año 2009. De estos, aproximadamente 22 millones son niños, niñas y jóvenes menores de 22 años refugiados y desplazados, que representan el 51% del total. De los 43 millones, 15,2 millones son personas refugiadas, 27,1 millones son personas desplazadas dentro de su propio país y cerca de un millón de personas son solicitantes de asilo, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Valeria Méndez de Vigo, responsable del departamento de Estudios e Incidencia de Entreculturas, ha señalado que "pese a que el derecho a la educación está reconocido por la comunidad internacional, éste se vulnera de manera sistemática, habiendo una brecha entre teoría y práctica". Y es que lo cierto es que una gran mayoría de niños y niñas desplazados no recibe educación. Tampoco la población adulta y joven desplazada o refugiada ve satisfecho su acceso a una educación y aprendizaje permanente. Esta vulneración del derecho a la educación dificulta el cumplimiento de otros derechos.
La coordinadora del informe, Valeria Méndez de Vigo, también ha manifestado que "pese a que hay un fuerte anhelo y deseo de retornar a sus hogares, la mayoría de la población refugiada lo estará durante un periodo largo, con una media de diecisiete años". Este hecho tiene importantes implicaciones para niños, niñas y jóvenes, ya que pasarán su infancia y juventud en campos de refugiados o en asentamientos improvisados. Estos desplazamientos masivos de población implican para millones de niños y niñas una desventaja educativa extrema de cara al futuro.
Trabajo con mujeres adultas en Colombia
El informe hace un especial hincapié en el tema de género. En los campos de refugiados es menor el número de niñas que acuden a la escuela que el de niños. Esta diferencia es mayor a medida que aumenta el nivel educativo, de manera que, por lo general, se aprecia un importante descenso en el porcentaje de niñas que participan en niveles superiores de la educación primaria o secundaria.
En educación secundaria, las cifras de desigualdad por razón de género son aún mucho mayores. En este sentido, Leone Lam Ferem, sudanés, refugiado juntamente con toda su familia durante 14 años en Uganda, y en la actualidad director de proyectos de SJR en Lobone (Sur Sudán), ha explicado de primera mano la importancia de la educación de las niñas y jóvenes "ya que las niñas de ahora son las mujeres del futuro. Educar una niña es educar el mundo, y este es nuestro deseo para ser un país fuerte", ha indicado. Además, ha expuesto los beneficios del programa "Acción Afirmativa" que se lleva a cabo en Lobone y Nimule, en el que "el número de niñas que acaban la secundaria ha incrementado considerablemente en los últimos años gracias a todas las acciones de promoción de la escolarización de las niñas". "Cuando después de 21 años de guerra, pudimos volver a nuestros hogares, la gente se preguntaba por qué habíamos vuelto ya que no había nada, ni escuelas ni infraestructuras. Dábamos clases debajo de un árbol, pero poco a poco se fueron creando escuelas y hogares, y ahora los niños vuelven a jugar en la calle", ha manifestado.
Carol y Lam en la Sede Central de Entreculturas
Carol Fernanda, miembro del equipo de acción humanitaria y prevención del SJR en Colombia, ha puesto sobre la mesa la vivencia de miles de mujeres y niños que se ven obligados a desplazarse forzosamente de sus hogares a causa del conflicto sociopolítico. "Una de las principales causas de desplazamiento es la vinculación y posterior reclutamiento de niños, niñas y jóvenes", ha explicado. Además, en Colombia uno de los peligros más grandes es el de la invisibilización de la población desplazada, ya que no suele producirse en masa, sino "gota a gota, hacia la periferia de las grandes ciudades, estableciéndose en barrios ya de por sí vulnerables: la gente llega silenciosamente a los barrios, y esta realidad pasa a ser invisible".
Las principales conclusiones del informe inciden en que la educación es un derecho de todas las personas reconocido por la comunidad internacional, que se vulnera; en los casos en los que existe el acceso a la educación, ésta suele darse sólo en las primeras etapas educativas, y la calidad es, en ocasiones, deficiente; la educación es considerada fundamental por las propias personas refugiadas y desplazadas; hay una marcada discriminación en el acceso a la educación de las niñas refugiadas y desplazadas y, sobre todo, un abandono mucho mayor de la escuela; la educación constituye una herramienta de protección para la población refugiada y desplazada; la educación es una condición para el desarrollo; y que la educación debe ser prioritaria en el trabajo con población refugiada o desplazada y constituye una acción fundamental en situaciones de emergencia.
Ampliar la definición y por tanto el amparo legal de los refugiados y desplazados, mejorar las condiciones de repatriación y de asilo, así como promover desde la Comunidad Internacional unas políticas justas y que protejan a todas estas víctimas son algunos de los retos que propone el informe. Para ello, la educación es una de las claves esenciales.
La crisis ha puesto de manifiesto las carencias del modelo de gobernanza económica global ante los desafíos del siglo XXI. El diseño de un nuevo sistema es una prioridad de la agenda internacional
La Cumbre del G-20 que tuvo lugar en Seúl fue la primera organizada por un país no miembro del G-8, Corea del Sur. Es un claro signo de que los tiempos y la distribución del poder global están cambiando.
Algunos analistas ven en Seúl la oportunidad para que el G-20 aumente su eficacia y su credibilidad como foro de líderes mundiales, y para que afronte finalmente su futuro más allá de su actuación en la gestión de crisis. De hecho, la anterior cumbre de Toronto ya se había definido como un encuentro "postcrisis", pero las discusiones sobre la austeridad fiscal secuestraron la agenda. Cabría desear que en esta ocasión los debates trasciendan la guerra de divisas que domina ahora el panorama internacional.
La decisión de utilizar el G-20 como instrumento para hacer frente a la crisis económica y financiera ha sido fundamental. Su función ha sido más bien la de "bombero" de un sistema que hacía aguas por todas partes. Los acuerdos iniciales sobre un impulso fiscal significativo y la reconsideración global de las carencias del sistema financiero, así como el rechazo al proteccionismo -de tan nefastas consecuencias en la crisis del 29- impidieron que la economía global en su conjunto cayera en el abismo.
Sin embargo, ya en la Cumbre de Pittsburgh, en septiembre del pasado año, los líderes del G-20 manifestaron que su ambición era ampliar su papel a otras cuestiones de la reforma de la gobernanza global; que el G-20 debería servir como un mecanismo eficaz de transición entre un multilateralismo "informal" a otro "institucionalizado", necesario para afrontar los desafíos del siglo XXI.
Pero lo conseguido por el G-20 en cuanto a la crisis no puede llevarnos a considerarlo como la solución institucional a los problemas de la gobernanza económica mundial, ni mucho menos el foro en el que se pueden resolver los enormes retos que tenemos ante nosotros. El G-20 ha sido muy eficaz a la hora de atajar una situación muy específica y muy urgente. Pero, ¿sería igual de eficaz para resolver otros problemas también importantes, de mayor vigencia temporal como la energía, el cambio climático o los Objetivos del Milenio? Sus recomendaciones sobre la Ronda de Doha, por ejemplo, han tenido resultados decepcionantes, al menos por el momento.
Además, si realmente estamos cambiando el sistema de gobernanza mundial, ¿cómo se compagina el G-20 con el sistema de Naciones Unidas? ¿Tiene sentido una mayor institucionalización del G-20? ¿Debemos crear un aparato paralelo al de Naciones Unidas? No parece lo más eficaz. Si Naciones Unidas no sirve, habrá que reformarla, pero no dupliquemos responsabilidades. El objetivo debería ser, pues, definir cómo interrelacionamos el G-20 con Naciones Unidas y con todo el entramado de las instituciones de su entorno.
El papel que sí puede tener el G-20 es el de gran impulsor político para que las distintas instituciones pongan en marcha y lleven a cabo los objetivos que tienen encomendados.
En ese sentido, el G-20, bajo la presidencia coreana, ha multiplicado sus esfuerzos para institucionalizar su relación con otros organismos multilaterales, impulsar la reforma de las instituciones financieras internacionales, reconocer el peso de las economías emergentes frente al predominio de Estados Unidos y Europa, y cambiar el sistema de elección del presidente del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
Se acaba de producir el avance más significativo en este sentido, un nuevo reparto de cuotas del FMI que recoge ya el peso real de los países emergentes en la economía global. Así, China pasa de un 2,9% a un 6,4%, lo que la sitúa solo detrás de Estados Unidos y Japón, y por delante de Alemania, Francia y Reino Unido. Esta decisión es fruto del acuerdo forjado por los ministros de Economía del G-20 hace dos semanas, por el que los países ricos aceptaban ceder el 6% de su poder.
La presidencia coreana también ha tomado la iniciativa de incluir el desarrollo como un nuevo elemento en la agenda del G-20. Teniendo en cuenta la propia trayectoria del país, que ha experimentado un considerable desarrollo y crecimiento económico durante las últimas décadas, este movimiento podría permitir tender puentes entre los países miembros y no miembros del G-20. Podría servir también para impulsar los mecanismos de colaboración entre los donantes tradicionales y los nuevos, con un tono diferente al de la cooperación norte-sur que suele caracterizar los debates sobre desarrollo.
Otro terreno en el que la propia experiencia coreana puede servir de ejemplo es el de fomentar el desarrollo mediante un crecimiento económico verde e inclusivo. La inversión realizada por Corea desde hace varias décadas en capital humano, en buen gobierno y en fomentar las exportaciones como base de su economía han sentado las bases para que el país sea capaz de competir en la era de la globalización. Hoy Corea ha apostado por la sostenibilidad para afrontar el futuro de su economía, lo que también podría servir de modelo para otras iniciativas del G-20.
En cuanto al comercio global, es necesario también impulsar el cierre de la Ronda de Doha y cumplir los compromisos de la Agenda del Desarrollo de Doha. De hecho, la incapacidad del G-20 de cumplir sus promesas a este respecto ha contribuido en gran medida a minar la credibilidad del foro.
Por último, algunas voces están también pidiendo al G-20 que afronte la supuesta contradicción que existe entre la libertad de movimientos de capitales y las todavía importantes barreras a la libertad de movimientos de las personas, con el fin de evitar una globalización asimétrica. Es cierto que la asimetría es inevitable, mientras los capitales viajan sin restricciones -algo que ha sido posible fundamentalmente por los avances tecnológicos- hasta el momento no se ha prestado suficiente atención a todas las implicaciones y cuestiones que generan los movimientos de personas por motivos económicos. Pero en ningún caso se puede establecer un paralelismo entre ambos elementos.
La crisis económica ha dejado claramente de manifiesto las carencias del actual modelo de gobernanza económica global para afrontar los desafíos del siglo XXI. El diseño de un nuevo sistema es una de las prioridades de la agenda internacional. El G-20 no es la ONU, pero sí puede contribuir a impulsar el debate y a tender puentes entre las instituciones que deberían encargarse de ello.
Pedro Solbes es presidente del Consejo de Dirección de FRIDE. Carlos Westendorp es secretario general del Club de Madrid.
Las partidas destinadas a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) se reducirán previsiblemente en la práctica totalidad de las CCAA de media un 12%. Euskadi, y Castilla la Mancha mantienen e incrementan, respectivamente, su compromiso contra la pobreza. En el otro extremo, Murcia, Castilla y León y Galicia, recortan su AOD hasta cifras que suponen, respectivamente, el 0,01% y 0,08% de sus presupuestos, unas cantidades muy alejadas del 0,7% demandado por las ONGD. Madrid, 30 de noviembre de 2010: El pasado fin de semana, Las Palmas de Gran Canaria acogió el VIII Encuentro Anual de Coordinadoras Autonómicas de ONGD, en un contexto de enorme preocupación ante el incumplimiento de los compromisos en materia de desarrollo por parte de las Comunidades Autónomas.
Cifras por Comunidades Autónomas
Los proyectos de ley de presupuestos de las Comunidades Autónomas anuncian una caída alarmante de la ayuda al desarrollo y el incumplimiento de los compromisos legales y políticos adquiridos por la práctica totalidad de los gobiernos autonómicos en la lucha contra la pobreza.
Mientras los presupuestos de las Comunidades Autónomas para 2011 caen de media un 4% a causa de la crisis económica, las partidas destinadas a AOD se reducen en la práctica totalidad de las CCAA de media un 12%, a excepción de Euskadi, y Castilla la Mancha que mantienen e incrementan, respectivamente, su compromiso contra la pobreza.
En el otro extremo se encuentran Murcia, Castilla y León y Galicia, que deciden recortar su AOD hasta cifras que suponen respectivamente el 0,01% y 0,08% de sus presupuestos, unas cantidades muy alejadas del 0,7% demandado por las ONGD.
Este recorte sigue los pasos del recorte en AOD llevado a cabo por el gobierno central en los presupuestos de 2011 (cae un 17% respecto al año pasado) y se enmarca en lo que ya podemos considerar una estrategia común a todos los niveles del Estado, de recortar en gasto social y hacer soportar a la ciudadanía las consecuencias de una crisis que no han provocado.
El compromiso de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos con la lucha contra la pobreza surge en los años 90 por una demanda de la sociedad civil de incorporar la cooperación al desarrollo al conjunto de políticas públicas, y no puede considerarse como un lujo para tiempos de bonanza.
Graves repercusiones
Las Coordinadoras Autonómicas de ONGD advierten de las graves repercusiones de este recorte en Ayuda Oficial al Desarrollo, tanto en los países empobrecidos como en España. Miles de personas seguirán estando en una situación de vulnerabilidad alarmante e injusta porque sus necesidades básicas no serán atendidas, pero también, muchas iniciativas en España, destinadas a fomentar la conciencia crítica de la ciudadanía y que enfrentan las causas estructurales de la pobreza, dejarán de desarrollarse.
Las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos juegan un rol fundamental en este sentido porque representan el 80% de los fondos que se destinan a Educación para el Desarrollo en el conjunto de la AOD española.
La guerrilla angoleña obtuvo más por los diamantes que por la ayuda de EE UU y Sudáfrica - La Liberia de Taylor financió el conflicto de Sierra Leona
Un dicho muy difundido en los años noventa sobre la guerra civil que arrasó Angola: "El Gobierno tiene el petróleo, pero [la guerrilla de] UNITA, los diamantes". Muchos. Se calcula que la organización de Jonas Savimbi consiguió más dinero mediante la venta ilegal de diamantes que el recibido desde Sudáfrica y EE UU, países que respaldaban a esta guerrilla. En Sierra Leona, los rebeldes del Frente Unido Revolucionario (RUF) iniciaron el comercio con diamantes a mediados de los noventa. Los intermediarios operaban desde y con apoyo de la vecina Liberia. Presidía entonces Charles Taylor.
Los conflictos en Angola y Sierra Leona sirvieron para bautizar como diamantes de sangre las piedras preciosas de países en guerra cuya venta financia los conflictos bélicos. Desde 2000, los países productores de diamantes se han comprometido en el Proceso de Kimberley, que certifica que las piedras que llegan al mercado internacional proceden de fuentes legítimas. Sin embargo, la credibilidad del Proceso de Kimberley se ha visto dañada en el último año. Zimbabue permanece en el acuerdo pese a haberse documentado abusos por parte de su Ejército contra los mineros y la población local.
Ya lo dijo Naomi Campbell. Los diamantes en bruto son piedras pequeñas y sucias. Fáciles de transportar y con un valor inmenso: los expertos calculan que solo en 1999 los rebeldes de UNITA controlaron 228 millones de euros en piedras. Los diamantes procedentes de la República Democrática de Congo (RDC) suponen más de 53 millones de euros anuales. Los compradores utilizaban para llegar a la mercancía redes regionales, países vecinos y connivencias de líderes que apoyan a los rebeldes.
Los diamantes se pagaban generalmente en metálico, aunque en ocasiones se establecía una relación triangular que no oculta el canje de diamantes por armas. Las armas luego recorrían el mismo camino que los compradores de diamantes. En el caso de Angola, a través de Zaire (hoy RDC), República Centroafricana, Namibia, Sudáfrica o Congo-Brazzaville. Desde este país se hacían pasar parte de los diamantes que llegaban a Bélgica, donde se halla el mayor centro de tallado de piedras de Europa, en Amberes.
Congo-Brazzaville no tiene minas de diamantes. En el caso de Sierra Leona, la Liberia de Taylor era el sitio de paso obligado, opina el analista Christian Dietrich. En la conflictiva RDC, comerciantes libaneses llegaron a principios de 2000 con permiso de Uganda y Ruanda, según Dietrich. No pocas de las piedras congoleñas llegaron a Europa con el origen falsificado: la producción de diamantes en la vecina República Centroafricana es de 46 millones de euros anuales, pero las importaciones a Europa en 2000 triplicaron tal cantidad.
Fue ese año cuando la industria del diamante temió un boicoteo del consumidor: se popularizaba el concepto de diamante de sangre. Los países mineros (el 55% de la producción procede de países africanos que, a excepción de Sudáfrica y Botswana, apenas disponen de industrias de corte y pulido, por lo que deben exportar) iniciaron el Proceso de Kimberley, que se pondría en marcha en 2003. Se trataba de que los Gobiernos otorgaran una certificación sobre el origen limpio de los diamantes. Es un proceso que depende de la voluntad y capacidad de los Estados de controlar sus fronteras y su mercado interno.
Importante es que los centros de comercio internacionales compren diamantes certificados. Pero la credibilidad del Proceso de Kimberley -que asegura que el comercio con diamantes de países en conflicto ha caído de un 3% a un 0,2% en los últimos años- ha encajado un duro golpe por su incapacidad de lidiar con la Zimbabue de Robert Mugabe. En 2006 se descubrieron diamantes en Marange, en el este del país. El Ejército, según Human Rights Watch, acordonó la zona en 2008 y forzó a civiles a buscar las piedras pistola en mano. Las ONG denunciaron el asesinato de cientos de mineros. Y pese a que los investigadores del acuerdo Kimberley denunciaron la situación, Zimbabue no fue expulsada. Solo se suspendió, en noviembre, la exportación desde Marange. El mes pasado se reanudó la exportación con condiciones. Una muestra de la incapacidad del Proceso de Kimberley para controlar la producción.
La ONU sitúa a España en el puesto 20º en calidad de vida
El mundo es un lugar mucho mejor que en 1990. Es la principal afirmación de las Naciones Unidas, que ayer presentó su último ranking sobre el Desarrollo Humano, que lidera Noruega. El puesto 20º lo ocupa España, que avanza un puesto con relación a la medición anterior, efectuada en 2005, y se sitúa por delante de países como Reino Unido, Hong Kong o Italia. Pero que las personas sean por lo general más saludables, educadas y ricas que hace 20 años, no evita que haya un aumento de la desigualdad.
Hay un dato que muestra los avances y las brechas. El ingreso medio per cápita se dobló desde 1970, hasta un equivalente a 10.000 dólares anuales. En Liechtenstein se eleva a 81.000 dólares, el más alto. Zimbabue aparece con el índice de desarrollo humano (IDH) más bajo, con un ingreso anual per cápita de 176 dólares. Los ingresos, indica la ONU, son claves en el desarrollo de las personas, pero también se debe tener en cuenta "si la gente puede llevar una vida saludable y prolongada, si tiene oportunidad de recibir educación y si es libre de aplicar sus conocimientos y talentos para configurar su propio destino".
La esperanza de vida subió de media desde los 59 a los 70 años en las cuatro décadas que analiza el estudio. Japón es el país con las personas más longevas, con 83,6 años de media. En el otro extremo, Afganistán, con 44,6 años. Otro indicador del progreso general son las matriculaciones en la enseñanza primaria, que creció del 55% al 70%.
Todo sumado, el índice de desarrollo humano subió un 18% de media en las últimas dos décadas, y un 41% si se compara con 1970. Los que registraron las mejoras más significativas fueron Nepal, China, Indonesia, Arabia Saudí, Laos, Túnez, Corea del Sur, Argelia y Marruecos.
Solo en tres cayó, si se compara con hace cuatro décadas: República Democrática del Congo, Zambia y Zimbabue. En la cabeza de la tabla se mantiene Noruega, con un IDH de 0,938 puntos. Le siguen Australia y Nueva Zelanda. EE UU, la mayor potencia económica, está en cuarto lugar.
España mejora un puesto respecto a 2005 y cuatro desde 1980. Se coloca entre Dinamarca y Hong Kong. El IDH español es de 0,863 puntos.
Progresos "sustanciales", a pesar de que la crisis arrastró a 34 millones de personas al paro y a 64 millones a vivir con menos de 1,25 dólares diarios. La ONU advierte que "los actuales modelos de producción y consumo no son sostenibles" y alerta de que el cambio climático pone en riesgo los avances logrados.
La Secretaria de Estado confirma, ante la Comisión de Cooperación, los recortes en Ayuda al Desarrollo de los Presupuestos Generales del Estado para 2011
La Secretaria de Estado para Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez, ha comunicado a la Comisión de Cooperación del Congreso el mayor recorte de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) ejecutado hasta la fecha en España para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2011. Según esos Presupuestos, la AOD desciende más de 900 millones de euros respecto a 2010, superando lo anunciado previamente. Por otro lado, habría que sumar también los recortes anunciados por comunidades autónomas y entes locales, lo que reduciría aún más la AOD total destinada, recordemos, a la lucha contra la pobreza.
El presidente José Luis Rodríguez Zapatero, reafirmó hace quince días ante las Naciones Unidas su compromiso de llegar a destinar en 2015 el 0'7% de la RNB española a AOD, aunque la propia Soraya Rodríguez ha admitido las "dificultades manifiestas" para alcanzar esa meta. De hecho, con el recorte anunciado, ese porcentaje retrocede del 0'5 al 0'4% en sólo un año, lo que hace dudar seriamente de la voluntad política del gobierno en materia de cooperación internacional. La Coordinadora ONGD-España condena absolutamente este recorte, más aún en un momento de crisis global que afecta especialmente a las personas más vulnerables y que requiere redoblar esfuerzos en lugar de recortarlos. Sorprende que en esta ocasión sí aumenten los Fondos de Internacionalización de la Empresa frente a los Fondos de Ayuda al Desarrollo, separados por primera vez este año.
La reducción del déficit hasta el 6% manifestada como "prioridad" por el gobierno en la presentación de los PGE, no puede servir de excusa para recortar en las partidas destinadas al bienestar social. Además, la Coordinadora reitera un año más la conveniencia de disponer de un marco plurianual que permita conocer la evolución presupuestaria a lo largo del ciclo legislativo.
Por todo ello, la Coordinadora insta al gobierno y a los grupos parlamentarios a aumentar el presupuesto para AOD, retomando la ruta 0'7%, y a ejecutar el total de la ayuda presupuestada. Del mismo modo, es necesario que se impulsen medidas de lucha contra la crisis, dirigidas hacia sus responsables y que no perjudiquen aún más a sus víctimas. Es vital que se redoblen los esfuerzos por aumentar la coherencia de todas las políticas (comerciales, agropecuarias, migratorias...etc) con las políticas de desarrollo. Igualmente, hay que garantizar que el desarrollo sostenible, la igualdad de género y los derechos humanos sean piedras angulares de cualquier política.
Los emergentes han sufrido la crisis de modo más suave y la han superado antes
El siglo XXI será testigo, está siendo testigo, de un movimiento tectónico en cuanto a la distribución del poder mundial. El Occidente político (que incluye a Estados Unidos, Europa y Japón) acumula hoy, con solo el 14% de la población, el 73% de la riqueza y el 80% del gasto militar. Un poder tan impresionante como desequilibrado e insostenible a largo plazo. Pero en el barrio se han instalado nuevos vecinos, y quieren compartir riqueza y poder con los de siempre.
En su conocido estudio de 2003 Dreaming with BRIC, the path to 2050, el economista jefe de Goldman Sachs, Jim O'Neill, estimó que en 2050 el tamaño de las economías de Brasil, Rusia, India y China sería igual a la de los miembros del G-6 (Estados Unidos, Alemania, Japón, Reino Unido, Francia e Italia). La trayectoria está clara: hace 10 años, coincidiendo con el comienzo del siglo, estos países (también llamados BRIC) representaban un sexto de la economía mundial; hoy son ya un 25% (en poder de compra equivalente). Mientras Estados Unidos, Europa y Japón están en crisis, los BRIC siguen creciendo. De hecho, un tercio del crecimiento mundial registrado en la última década se ha originado en esos países.
Obviamente, se trata de extrapolaciones, y por tanto están basadas en escenarios que pueden cumplirse o no, en parte o en su totalidad. De hecho, todo ejercicio de prospectiva contiene elementos arbitrarios: se mire como se mire, Rusia no es una potencia emergente, sino una potencia en declive. En realidad, sus problemas son los típicos de una potencia típicamente europea: tuvo un imperio pero lo perdió, su demografía está en alarmante retroceso, sus vecinos son culturalmente distintos y recelan de ella y, para colmo, tiene una economía escasamente competitiva (aunque, eso sí, con abundantes materias primas).
Es por ello que hay quienes prefieren no incluir a Rusia en el grupo y usar otras etiquetas, como BASIC (Brasil, Sudáfrica, India y China), IBSA (India, Brasil y Sudáfrica) o incluso, "Segundo Mundo", que es la etiqueta que utiliza Parag Khanna en el libro del mismo título para poner a un lado a Estados Unidos, Europa y China, que según él ya gobiernan de hecho el mundo, y a otro a los que intentan hacerse un hueco. Dejando a un lado los matices y las cualificaciones, la tendencia no solo parece clara, sino que la crisis financiera la ha acentuado: los emergentes han sufrido la recesión de una forma mucho más suave, la están superando antes y, para colmo, están saliendo de ella con mucha más fuerza. Turquía, a quien la UE se permite ningunear todos los días, está creciendo al 7%, lo que triplica la media de la zona euro: las consecuencias están a la vista de todos.
Por tanto, la pregunta no es si los nuevos crecerán más y si alcanzarán o no a Occidente, porque ya sabemos que lo harán, sino cuáles serán las consecuencias políticas. Aunque es pronto para abandonarse al pesimismo, parece claro que, por el momento, el siglo XXI no tiene quien lo gobierne. En lo económico, véase el fracaso del G-20 en actuar coordinadamente para gestionar la economía global; en los aspectos de seguridad, véase cómo Turquía y Brasil han decidido ir por su cuenta en el tema de las sanciones a Irán; y en cuanto a la provisión de bienes públicos, como el medio ambiente, Copenhague dejó bien claro que una cosa es un orden multipolar (donde hay varios polos de poder) y otro un orden multilateral (donde hay normas vinculantes para todos).
Viendo comportarse a los BRIC, surge la pregunta de cómo tratar con ellos. Hay tres opciones con implicaciones prácticas y normativas distintas: una, acomodarlos en el orden actual; dos, unirse a ellos para cambiar los parámetros básicos del orden vigente; tres, dividirlos y enfrentarlos para preservar nuestra hegemonía el máximo tiempo posible. Pero todo ello depende de averiguar primero qué quieren ellos: ¿Quieren su cuota de poder en el orden actual? ¿O cambiar ese orden? Dicho de otra manera: ¿el orden actual les parece injusto porque su papel en él no hace justicia a su tamaño y aspiraciones? ¿O porque se trata de un orden económicamente injusto en el que solo los más fuertes tienen poder? Por el momento la respuesta no está clara: ni nosotros sabemos lo suficiente sobre ellos, ni ellos han dilucidado todavía internamente qué es lo que quieren. La diferencia es que, mientras ambos dudamos, ellos, además, crecen. El tiempo juega a su favor.
Alguien me dijo una vez que, para hacer un buen caldo, hacía falta evaporación. Parece ser que para construir algo importante no es suficiente con la voluntad de muchos, sino que es necesaria la gran determinación de unos pocos. Pocos pero decididos, pocos pero comprometidos. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Cómo vamos a afrontarlo? Te animo a descubrirlo juntos.
La crisis ha puesto de manifiesto las carencias del modelo de gobernanza económica global ante los desafíos del siglo XXI. El diseño de un nuevo sistema es una prioridad de la agenda internacional
Las partidas destinadas a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) se reducirán previsiblemente en la práctica totalidad de las CCAA de media un 12%. Euskadi, y Castilla la Mancha mantienen e incrementan, respectivamente, su compromiso contra la pobreza. En el otro extremo, Murcia, Castilla y León y Galicia, recortan su AOD hasta cifras que suponen, respectivamente, el 0,01% y 0,08% de sus presupuestos, unas cantidades muy alejadas del 0,7% demandado por las ONGD. Madrid, 30 de noviembre de 2010: El pasado fin de semana, Las Palmas de Gran Canaria acogió el VIII Encuentro Anual de Coordinadoras Autonómicas de ONGD, en un contexto de enorme preocupación ante el incumplimiento de los compromisos en materia de desarrollo por parte de las Comunidades Autónomas.
La guerrilla angoleña obtuvo más por los diamantes que por la ayuda de EE UU y Sudáfrica - La Liberia de Taylor financió el conflicto de Sierra Leona
La ONU sitúa a España en el puesto 20º en calidad de vida
La Secretaria de Estado confirma, ante la Comisión de Cooperación, los recortes en Ayuda al Desarrollo de los Presupuestos Generales del Estado para 2011
El siglo XXI será testigo, está siendo testigo, de un movimiento tectónico en cuanto a la distribución del poder mundial. El Occidente político (que incluye a Estados Unidos, Europa y Japón) acumula hoy, con solo el 14% de la población, el 73% de la riqueza y el 80% del gasto militar. Un poder tan impresionante como desequilibrado e insostenible a largo plazo. Pero en el barrio se han instalado nuevos vecinos, y quieren compartir riqueza y poder con los de siempre.
