La asociación de la industria militar pidió que se garantizara la "confidencialidad necesaria"

EL PAÍS España
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo sometió a informe de la Asociación de Fabricantes de Armamento y Material de Defensa (Afarmade), que agrupa a las principales industrias militares españolas, el anteproyecto de Ley sobre el Control del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso, aprobado el pasado 29 de diciembre por el Consejo de Ministros. En cambio, no quiso entregar el texto a las organizaciones no gubernamentales (ONG) -Intermón Oxfam, Amnistía Internacional y Greenpeace- que desde hace una década exigen transparencia en el comercio de armas. La Asociación de Fabricantes de Armamento tuvo acceso al anteproyecto de ley y elaboró un informe globalmente favorable al mismo, aunque propuso al Gobierno algunas sugerencias y recomendaciones. Entre otras, pidió al Ejecutivo que subrayara en el preámbulo de la ley la legalidad del comercio internacional de material de defensa, en contraposición al tráfico ilícito de armas, y que se reconociera la "confidencialidad necesaria" de este tipo de operaciones, dado su "carácter sensible", frente a quienes exigen mayor transparencia.

Estos últimos son las ONG que, desde hace una década, impulsan la campaña por la transparencia en el comercio de armas, con lemas tan explícitos como: Hay secretos que matan.

En junio pasado, el subdirector general de Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso, Ramón Muro, recibió a representantes de Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón Oxfam. La reunión se fraguó en unas jornadas celebradas dos meses antes en el Congreso, a las que asistieron expertos extranjeros, miembros de ONG y altos cargos de la Administración.

Ricardo Magán, que acudió a la cita en nombre de Intermón Oxfam, recuerda que plantearon al subdirector general varios preceptos que, a su juicio, debía incluir la ley que el Gobierno se había comprometido a elaborar por mandato parlamentario, y que éste les anticipó en qué puntos sería posible lograr avances y cuáles ofrecían más resistencia.

Tramitación parlamentaria

"Tanto en aquella reunión como en otras ocasiones pedimos repetidamente que nos entregaran el anteproyecto para poder estudiarlo, pero nunca se nos dio. Creo que fue un error. Hubiera sido interesante que pudiéramos aportar nuestros puntos de vista, aunque luego el Gobierno hiciera lo que creyera oportuno. No es lo mismo hablar en el vacío que discutir a partir de un texto", se lamenta Magán.

Las ONG esperan que, ya que no pudieron aportar sus opiniones al Gobierno, como lo hicieron los fabricantes de armas, puedan trasladarlas a los grupos parlamentarios, para que las tengan en cuenta al tramitar la ley.

No obstante, aunque no les entregó ningún texto, el Gobierno incorporó a última hora alguna propuesta de las ONG. En concreto, la ampliación del control a todo tipo de armas de fuego, incluidas las de caza y de tipo deportivo, sus componentes y municiones (algo que también exigía la resolución 55/255 de la Asamblea General de la ONU) o la obligación de informar sobre "el uso final del producto exportado y la naturaleza del usuario". Está por ver aún qué significa exactamente este enunciado y con qué grado de detalle informará el Gobierno al Congreso.

El Gobierno descarta prohibir en España la producción de bombas de racimo

El Gobierno "no considera conveniente" prohibir la fabricación de los dos modelos de bombas de racimo que se producen en España, según sendas respuestas parlamentarias a los diputados Carles Campuzano, de CiU, y Joan Herrera, de Izquierda Unida-ICV, fechadas el pasado 28 de noviembre.

Las bombas de racimo son proyectiles que dispersan una gran cantidad de bombetas, que convierten el área afectada en un campo de minas. Por su tamaño y forma pueden confundirse con piedras y en este momento constituyen el mayor riesgo para los cascos azules y la población civil en el sur de Líbano, donde Israel arrojó más de 100.000 al final de la guerra.

Al menos 28 libaneses han muerto por la explosión de estos artefactos desde el alto el fuego del 14 de agosto. El pasado día 29 resultaron afectados, por vez primera, dos miembros de la Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano (Finul), de la que forman parte 1.100 soldados españoles. En concreto, dos cascos azules belgas sufrieron heridas por la explosión de bombas de racimo en la localidad de Majdel Selm, según fuentes de la ONU.

En sus respuestas parlamentarias, el Gobierno afirma que "en España se fabrican actualmente dos modelos de bombas dispensadoras de submuniciones", que "disponen de sistemas de seguridad que inactivan y dejan inerte la munición al cabo de un corto período de tiempo".

El Gobierno estima que "las municiones de ese tipo fabricadas por España y de dotación en sus Fuerzas Armadas cumplen con los requerimientos técnicos de autodestrucción y autoneutralización" y que "las capacidades militares que proporcionan estas municiones son necesarias para el mantenimiento de la operatividad de las Fuerzas Armadas", por lo que "no se considera conveniente la prohibición de su fabricación".

Según un informe de Greenpeace, las Fuerzas Armadas española disponen de tres bombas de este tipo: la CBU-100B (Rockeye), la antipista BME- 330 y la granada de mortero MAT-120. La primera es importada de EE UU y las dos últimas, de fabricación española. Las empresas fabricantes, según el mismo informe, serían Explosivos Alaveses, Instalaza, SA, Santa Bárbara e Internacional Tecnology, SA.

"España es uno de los países que poseen y fabrican bombas de racimo. Varias empresas españolas las fabrican, aunque la falta de transparencia en el comercio español de armamento hace imposible saber a quiénes las vende", sostiene Greenpeace.

En julio pasado, el Ejército de Tierra adquirió 500 granadas MAT-120 de Instalaza, cada una con 21 submuniciones, por 1,4 millones de euros. Además, Defensa admitió en junio de 2005 que las Fuerzas Armadas poseen "un arsenal limitado de bombas que contienen, respectivamente, submuniciones contra carro y antipista".

Durante la conferencia de revisión de la Convención sobre ciertas armas convencionales que pueden considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, celebrada en Ginebra (Suiza) del 6 al 17 de noviembre, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, pidió que se tomaran medidas para atajar los efectos de las bombas de racimo sobre la población civil. "Hechos recientes muestran la atrocidad y los efectos inhumanos de estas armas", dijo Annan, en alusión a Líbano.

Por su parte, el coordinador de Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas, Jan Egeland, pidió que se congele el uso de las bombas de racimo. "Mientras no exista una prohibición efectiva, esas armas seguirán afectando de manera desproporcionada a los civiles, mutilando a mujeres, niños y otros grupos vulnerables", advirtió.

En las respuestas parlamentarias ya citadas, el Gobierno se muestra favorable a establecer "un grupo de trabajo para tratar en profundidad el impacto humanitario de las municiones de racimo", así como a negociar un tratado "que regule los aspectos humanitarios suscitados por su utilización".

Miguel González