Ante la llegada de cayucos a playas como la de los Cristianos, en Tenerife, o el «espantoso» encuentro en alta mar de los tripulantes del palangrero «Tiburón III» con una barca llena de cadáveres y un único testigo, el Gobierno español esgrime el palo de las patrulleras, los aviones con cámaras sensibles al calor y las vallas de concertina humanitaria de más de cinco metros para «proteger» Ceuta y Melilla y la zanahoria de la cooperación, las escuelas taller en Senegal y países adyacentes y las cuotas para inmigrantes en función de las «necesidades productivas». José Luis Rodríguez Zapatero se recrea en la suerte de un Plan África diseñado para propiciar el desarrollo de un continente que no acaba de arrancar y el «encauzamiento de la avalancha» migratoria. Las visitas de los ministros de Trabajo y Asuntos Exteriores a varios países de África Occidental abundan en esa estrategia, coronada por la promesa del presidente del Gobierno de que España se convertirá en la próxima legislatura en el primero del grupo de los países más ricos de la tierra (octava potencia en términos de Producto Interior Bruto) en dedicar el 0'7 de ese PIB a fomentar el desarrollo.

En teoría, que a los países africanos se les permita comerciar en mejores condiciones depende en gran medida de que se reduzca el flujo de cayucos hacia la Península y los archipiélagos canario e incluso balear, adonde han arribado ya los primeros inmigrantes en embarcaciones de fortuna. Faltan sin embargo 64 días para que concluya la negociación en curso entre la Unión Europea y los países ACP (76 Estados de África, Caribe y Pacífico) y desde organizaciones como IntermónOxfam se critica duramente el que consideran «doble discurso» del ejecutivo español. En palabras de Carlos Galián, autor del informe Las negociaciones comerciales amenazan el compromiso de España con África, se da un «significativo contraste entre la retórica oficial y la letra pequeña de los contratos. El discurso oficial es abiertamente favorable a África, sin embargo en la letra pequeña del contrato se actúa como con cualquier otro socio comercial, buscando el beneficio por encima de todo». Como se lee en el informe «al promover un acuerdo comercial injusto, España está echando gasolina al fuego que alimenta la emigración de miles de jóvenes africanos. Por eso esta posición negociadora no sólo es éticamente inaceptable, sino muy poco inteligente. Si el Gobierno está preocupado por la tragedia humanitaria de los cayucos, ésta es la ocasión de demostrarlo».

Según la percepción de Intermón Oxfam y de otros agentes sociales, se trataría de «incoherencias» (en al análisis de Iliana Olivié, investigadora del Real Instituto Elcano en Cooperación Internacional y Desarrollo). Mientras desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se trataría de apoyar la internacionalización de la economía española -y para ello se recurre incluso a un «uso discutible» de los créditos FAD (Fondos de Ayuda al Desarrollo), ya que «no están orientados a sectores que contribuyan a luchar contra la pobrezas, y a veces incluso favorecen a empresas multinacionales», desde la secretaría de Estado de Cooperación, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, el énfasis se pondría en el desarrollo y la ayuda sin vincularlos a una rentabilidad económica a corto plazo. Esa divergencia tiene ahora mismo como escenario la negociación de los nuevos Acuerdos de Partenariado Económico (APE), donde se definen las reglas que van a regir el comercio entre Europa y los 76 Estados africanos, caribeños y asiáticos con los que se trata de comerciar mejor.

«La percepción de que existen discrepancias y no hay coordinación entre Comercio y Exteriores es falsa», asegura por teléfono desde Bruselas el secretario general de Comercio Exterior, Alfredo Bonet, el responsable de la negociación del nuevo tratado por parte española. Niega Bonet que España se quiera aprovechar de la debilidad de los mercados africanos, y recuerda que las reglas de la Organización Mundial de Comercio impiden el trato de favor a algunos países por tratarse de ex colonias. Dice el negociador español que más que un acuerdo simétrico entre la UE y los países ACP se busca uno «recíproco» que abra a los productos africanos el mercado europeo, sin tasas ni aranceles, y la única salvedad es que, ya que se establecen plazos que favorezcan al azúcar o al arroz africanos, se pretenden algunas garantías para el plátano canario.

Según Intermón Oxfam «el futuro de África depende en buena medida de estas negociaciones (.). La liberalización "a la europea" supone, por ejemplo, que los países ACP eliminen la mayor parte de sus aranceles a los productos agrarios, mientras la UE dedica cerca de 50.000 millones de euros cada año a subvencionar la producción y exportación de la agricultura». Pero, señala Oxfam, en la UE se han formado dos sectores: uno que busca un acuerdo comercial flexible, favorable a los intereses de los países ACP, y otro, en el que «destaca España», que «defiende una línea dura, cuyo objetivo es lograr un acuerdo comercial recíproco, con mínimas flexibilidades». A juicio de Intermón Oxfam la filosofía del Gobierno español se resume en el «haga usted lo que yo digo, pero no lo que yo hago», es decir, «mientras exigen la desprotección acelerada de los países pobres (incluyendo los sectores de servicios e inversiones), España se vuelve proteccionista cuando se trata del plátano canario o las relaciones con Suráfrica».

De este análisis discrepa Íñigo Moré, autor de La vida en la frontera, uno de los libros más esclarecedores sobre las desigualdades que propician el fenómeno migratorio. Para Moré, «la cuestión con África no es el dinero que les damos, sino lo que hacen con los 14.000 millones que nos cuestan en déficit corriente». Moré hace hincapié en la inexistencia de una balanza de pagos con África, y en la realidad de un comercio y una ayuda que beneficia netamente a África, incluso en el caso de los países a los que no les compramos productos energéticos, y que en conjunto es mucho mayor que el comercio de España con países como Dinamarca o Canadá. Sobre ese superávit de 14.000 millones de euros, Moré sugiere con un punto de ironía que «quizá los emplean en pagar relaciones desequilibradas con Estados Unidos o el Reino Unido, pero España no tiene nada que ver con esos pecados. Desde el punto de vista de España el problema de África es qué hacen con esos 14.000 millones, es decir, un problema de gobernabilidad, no de darles más dinero aún, que terminará en el mismo agujero que el anterior».

En su recién publicado ensayo Cooperación y desarrollo. Comercio internacional en la era de la globalización, Federico Steinberg propone avanzar en la «liberalización multilateral agrícola (reducción de aranceles y subsidios) tanto por motivos económicos (generaría ganancias netas de bienestar) como políticos (sin su reforma los países en desarrollo perderán la confianza en que en el sistema OMC se pueden firmar acuerdos justos). Sin embargo, hay que realizar dos precisiones. Primero, que las ganancias potenciales en este sector son menores que en otros y en términos absolutos benefician más a los países ricos que a los pobres. Segundo, que como un gran número de países en desarrollo importadores netos de alimentos saldrían perjudicados con la liberalización agrícola, sería necesario crear un fondo para compensarlos. Éste se podría financiar con parte de los recursos que los países de la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo en Europa] dejarían de destinar a subsidios agrícolas, pero la compensación debería tener un carácter temporal».

En su novela Regalos, el escritor somalí Nuruddin Farah se refiere a los estragos que a veces propician las buenas intenciones, el mal que causan los países occidentales con sus ayudas a los países en vías de desarrollo. En el caso de Somalia, cómo vendió su alma a las superpotencias a cambio de asistencia económica, y cómo la dominación y la cultura de la dependencia le impidieron a Somalia madurar como nación. Recuerda Farah el episodio ocurrido en Gambia en los años setenta, cuando a Banjul llegó un barco estadounidense cargado con 10.000 toneladas de arroz: «Los gambianos dejaron de interesarse por el tipo de arroz cultivado en el país y comenzaron a exigir arroz de calidad foránea. Perdieron la confianza en sí mismos y en su capacidad para ocuparse de su alimentación, haciendo de Gambia un país dependiente de la ayuda exterior. La misma historia se repite en toda África».

El pasado jueves escribía en estas mismas páginas Irene Lozano, bajo el título «Cadáveres a borbotones», que «con los 20 millones de euros empleados en la valla de Melilla se podría tratar de malaria a 11 millones de niños. Si se redujeran a la mitad las comisiones por envío de remesas -sí, alguien tendría que ganar una pizca menos-, se liberarían 212 millones de euros anuales, más de lo que España destina a ayuda al desarrollo en 42 países africanos», y terminaba su afiebrada columna: «Si ese continente sigue perdiendo a su gente más joven y cualificada, le espera un futuro de cementerio. (...) lo primero es cerrar la llave de paso, o sea, fomentar el desarrollo allí. Cualquier otra reparación es chapuza y no impedirá que los cadáveres sigan desembarcando a borbotones». Es decir, acabar con la hipocresía, saber de qué hablamos cuando hablamos de cooperación y comercio justo, incluso al sur del Estrecho.

Alfonso Armada