Las vulneraciones de derechos humanos que son causa o consecuencia de la pobreza gozan de un alto grado de impunidad en todo el mundo.
Con demasiada frecuencia, las autoridades gubernamentales han justificado su fracaso a la hora de abordar la pobreza alegando su carácter "inevitable". Una buena estrategia para no asumir ninguna responsabilidad ni tener que rendir cuentas por los abusos de derechos humanos que la producen o agravan.
En la pobreza no hay nada de inevitable. En numerosos casos, la pobreza es una consecuencia previsible de legislaciones y prácticas de los Estados, empresas y organismos internacionales.
Promover el acceso sin discriminación a la educación, la salud, el agua y la vivienda, o garantizar la participación y la seguridad, son obligaciones de derechos humanos suscritas por los Estados. Obligaciones extensibles a las empresas y a quienes actúan más allá de sus fronteras, incluidos los organismos multilaterales.
Para los Estados no es opcional garantizar sus derechos a todas las personas, sin discriminación. Es una obligación inmediata e impostergable. Y sin embargo, quienes pertenecen a los sectores más desfavorecidos se enfrentan a múltiples barreras que les impiden acceder a la justicia cuando estos derechos les son negados.
Por ello, la lucha contra la pobreza debe incorporar mecanismos efectivos que garanticen que los Estados y las empresas respondan por las consecuencias negativas de sus actividades.
La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó por consenso, el 10 de diciembre de 2008, el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este instrumento permitirá a las víctimas de vulneraciones de derechos como la salud, la vivienda o la educación solicitar protección y reparación.
Un hito histórico que permitirá a las personas atrapadas por la pobreza alzar su voz y exigir responsabilidades por los abusos de derechos humanos sufridos.
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